La iniciativa Buena Cabra, impulsada por Rocío Cruces y Víctor Faúndez, se adjudicó recientemente recursos del Fondo Común Regenerativo de Fundación Lepe, que les permitirá fortalecer el proyecto, con capacitación a campesinos, educación a la comunidad y desarrollo técnico.
Aún cuando se sufren los estragos de los incendios forestales del pasado fin de semana, que afectaron a la Región de Valparaíso, la experiencia de dos jóvenes en el Biobío, que emplean el pastoreo de cabras de forma estratégica para proteger zonas e infraestructura de este tipo de desastres, nos sirve de ejemplo para aplicar en otros lugares del país.
En el verano del año pasado, incendios forestales afectaron a varias localidades de la Región del Biobío, entre ellas la comuna de Santa Juana, donde el fuego consumió más de 50 mil hectáreas, poco más del 70% del territorio. Sin embargo, el sector Bosques de Chacay fue uno de los pocos terrenos que las llamas no alcanzaron a tocar.
La razón fue que sus dueños, Rocío Cruces y Víctor Faúndez, que crearon ahí un parque de ecoturismo, emplearon una técnica basada en el pastoreo estratégico con un rebaño de cabras, hoy de más de 180 ejemplares, permitiendo que los animales disminuyan el combustible orgánico pues se comen las plantas herbáceas y arbustivas en zonas delimitadas.
La idea nació luego de verse amenazados en los incendios del 2017. Rocío cuenta que investigaron y llegaron a experiencias similares que se estaban aplicando en países como Canadá, España y Australia, donde empleaban el ganado caprino para mantener la maleza baja. Ahí nació la iniciativa que bautizaron como Buena Cabra.
En esta foto se aprecian los resultados del pastoreo estratégico tras el incendio del 2023. En la zona 1, un predio particular sin manejo de malezas compuesto por pinos y algunos árboles nativos, mucho pastizal, zarza y quila. En el área 2, de bosque nativo con pastoreo caprino, los árboles sufrieron daño superficial en sus copas. En la sector 3, con pastoreo estratégico caprino, fue empleado durante el incendio como espacio de seguridad. Y en la zona 4 se ve bosque nativo con pastoreo caprino sin daños por las llamas.
“Es una alternativa bastante más ecológica, porque evita el uso de herbicidas tóxicos para la salud de las personas, los cuales además son letales para la biodiversidad”, explica Cruces. Agrega que el pastoreo con cabras también favorece la prevalencia de flora beneficiosa para la vida de las abejas y reemplaza el uso de maquinaria contaminante y quemas peligrosas que provocan altas emisiones de CO2.
Además, cuenta que las cabras son capaces de ramonear logrando realizar una poda de árboles y arbustos despejando los primeros dos metros del suelo y son más hábiles en laderas de cerros y zonas de difícil acceso para otros animales.
Rocío Cruces, fundadora de la iniciativa Buena Cabra, muestra los resultados del pastoreo de cabras que evitó que el incendio del 2023 se propagará en su predio.
“El pastoreo con cabras que venimos realizando fue clave para evitar que el incendio del año pasado no ingresara a nuestro predio, porque evitó que las pavesas encontraran material combustible para propagarse y el incendio se detuviera dentro del terreno. Las pavesas originaron pequeños focos que se extinguieron al no tener mayor combustible”, comentó la joven emprendedora.
Para delimitar las zonas por las cuales las cabras deben pastorear, emplean mallas eléctricas móviles de baja carga, permitiendo con ello resguardar el bienestar animal. “Se evalúa la cantidad de matorrales y maleza para determinar el tiempo de pastoreo en cada sector y la cantidad de animales necesarios a transportar al lugar”, señala Rocío Cruces.
Explica que es necesario contar con personal capacitado que vele por el buen procedimiento y seguridad del rebaño. Por eso, fue relevante adjudicarse $30 millones del Fondo Común Regenerativo, de Fundación Lepe, porque les permitirá robustecer la iniciativa.
Con ese dinero, podrán realizar capacitaciones a campesinos, tanto de Santa Juana como de Curanilahue, para enseñar cómo se realiza el pastoreo estratégico para la prevención de incendios y los principios de la agricultura regenerativa. “La idea es amplificar el conocimiento de la metodología con miras a que se expanda, invitando a más instituciones públicas y privadas a sumarse con recursos”, destaca.
También realizarán evaluaciones para determinar nuevas áreas a intervenir en Santa Juana, como zonas de interés apícola, cercanas a escuelas, postas rurales o cursos de agua, entre otras. Otro pilar clave será la difusión y comunicación de los procesos y resultados del proyecto para promover la iniciativa en otros territorios del país.
La iniciativa busca contribuir a la conservación de una zona única en el país, como son las cercanías del Parque Nacional Hornopirén, en la Región de Los Lagos, apoyando a municipios en el retiro de residuos sólidos en forma segura y sostenible.
Desde lavadoras hasta bicicletas, pasando por refrigeradores y automóviles, son parte de los cerca de 40 mil kilos de chatarra que serán reciclados desde la localidad de Hualaihué, en la Región de Los Lagos. Esto, gracias a una alianza público-privada entre AZA, Karün, el municipio y la empresa local J y V, además de la colaboración de Salmones Camanchaca.
La campaña finalizó con el retiro definitivo de los artículos en desuso de la zona, evitando que estos terminaran en basurales clandestinos, algunos ubicados en lugares que cuentan con una diversidad y una riqueza natural únicas en Chile, como es el Parque Nacional Hornopirén.
Es el tercer año consecutivo en que AZA y Karün impulsan esta iniciativa, la que se realizó por primera vez en 2021 en Cochamó, localidad desde la que se retiraron 20 toneladas de residuos. AZA es el mayor reciclador de Chile, con centros de procesamiento en Temuco, Concepción y Antofagasta, además de contar con una red de más de 10 mil recicladores de base. Gracias a esto, informan desde la compañía, en sus plantas en Colina y Renca, en Santiago, pueden producir el acero con la menor huella de carbono del país.
“Esta iniciativa ha sido un éxito enorme, ha ayudado mucho a la comuna, partiendo por las empresas que han hecho realidad la recopilación y el traslado de la chatarra. También quiero felicitar a los vecinos, porque ayudaron a sacar todo lo que no les servía y se logró recolectar gran cantidad de artículos en desuso”, afirmó la alcaldesa de Hualaihué Cristina Espinoza.
Al respecto, la jefa de Sostenibilidad de AZA, Daniela González, dijo que “esta chatarra que se recolectó en Hualaihué será procesada para ser transformada en uno de los aceros con la huella de carbono más baja a nivel mundial”. Agregó que AZA ha realizado más de 20 iniciativas similares en lugares como Antártica, Cochamo, Juan Fernández e Isla de Pascua.
Tanto AZA como Karün elaboran sus productos bajo un modelo de economía circular, en el cual el reciclaje es una pieza fundamental y apunta a lograr una producción tanto de acero, en el caso de AZA, como de anteojos, en el caso de Karün, que sea ambiental y socialmente sostenible.
“Estamos muy agradecidos del apoyo de las empresas en estas campañas, sobre todo para llegar a lugares tan aislados, donde la gestión de estos residuos es prácticamente imposible. Así que con este trabajo, en alianza con emprendedores locales como J y V, podemos asegurar que todos estos residuos, que salen de distintos rincones de la comuna, puedan tener una segunda vida”, dijo Carlos Aubert, de Karün.
“De ahí en adelante, necesitamos desarrollar más capacidad”, señaló Magdalena Balcells, gerente general de Asipla, el gremio que reúne a los industriales del plástico.
Con un consumo total de plástico en Chile de 1 millón 357 mil toneladas al año, incluyendo plástico nuevo y reciclado, en el 2022, nuestro país recicló un 7,8%, equivalente a 106 mil toneladas. “Cerca de la mitad del plástico consumido en Chile es susceptible de ser reciclados”, destacó Magdalena Balcells, gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla), en conversación con Piensa Circular, en Radio Cooperativa, al comentar sobre el reciente estudio que midió el reciclaje de plástico en Chile entre 2020 y 2022.
¿Por qué es tan baja la tasa de reciclaje en Chile?
En los últimos años la data que generamos en Asipla es la fuente y línea base para toda la estadística de la industria del plástico en Chile. A partir de los datos de importaciones y exportaciones de Aduanas calculamos anualmente el consumo aparente y, cada dos años, hacemos la estadística del reciclaje.
La base de comparación del estudio del 2020 era muchísimo más baja por un cambio metodológico. En ese minuto todavía no incluíamos el material reciclado en Chile como parte del cálculo del consumo aparente.
Para establecer qué porcentaje reciclamos, tomamos el total de toneladas de plásticos que consumimos, que en el 2022 fue de 1.357.000 tons. Cuando hicimos el estudio del 2020, la base era de 930 mil tons. Entonces, la diferencia, que es alta, tiene que ver con un poco de crecimiento, con el cambio metodológico y con el cambio de los códigos arancelarios.
Estamos en menos de un 8% y la vez anterior estábamos en un 9,3%. O sea, pareciera que bajó, pero lo interesante es mirar de reciclado a reciclado, y ahí tuvimos un crecimiento interesante. Creció en un 15% entre 2020 y 2022 (de 96.716 tons. año a 106.870 tons. año), mientras que entre 2018 y 2020 el crecimiento fue de un 11%.
¿Qué porcentaje de plástico se recicla en países de la OCDE? ¿Qué medidas estamos tomando como país para avanzar hacia esos porcentajes?
De acuerdo con el Global Plastics Outlook de la OCDE, la producción mundial de plásticos secundarios procedentes del reciclaje ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 años, pese a que todavía representan solamente el 6% de la materia prima total consumida a nivel global.
Por otro lado, los países que han logrado impulsar y fortalecer su oferta de plástico reciclado, son aquellos que además de contar con algún esquema de responsabilidad extendida del productor, se han preocupado de generar demanda por resinas secundarias con incentivos para que los nuevos productos tengan contenido reciclado y han ido incorporando tecnologías de punta para el reciclaje.
Podemos ver que en Chile, con la ley REP, la ley de Plásticos de un Solo Uso, la Hoja de Ruta de Economía Circular al 2040, el Pacto Chileno de los Plásticos, entre otros, estamos construyendo la base para avanzar hacia la economía circular como plantea el informe de la OCDE, pero no podemos olvidar que estamos recién comenzando con las mismas buenas prácticas de los países europeos, pero 40 años más tarde.
En el Circularity Report 2022, de Plastics Europe, ya se comienza a ver la luz al final del túnel. Respecto del 2018, en 2020 hubo un aumento del 43% en el plástico reciclado utilizado en envases y embalajes; desde el 2016 la exportación de residuos plásticos cayó en un 50%, lo que se traduce en un claro impulso a recolectar y reciclar dentro de los países; o datos como que si los flujos de materiales reciclados llegan segregados desde los hogares, aumenta en 13 veces su tasa de reciclabilidad, entre otros hallazgos. Sin embargo, aún después de 40 años desde que comenzaron con esquemas REP, todavía quedan desafíos y problemáticas que resolver.
¿Todo el plástico se puede reciclar?
Casi todo el plástico se puede reciclar y se recicla muy bien. No todos los plásticos que usamos son susceptibles de salir y estar disponibles para ser reciclados inmediatamente. Del 1 millón 357 mil toneladas (de plástico que se consume en Chile), cerca del 48% se destinan a envases y embalajes, y esos son los plásticos que señalamos que son susceptibles de ser reciclados. Hay más plásticos que pueden ser reciclados, pero no está tan sistematizada su recolección. En envases y embalajes tenemos principalmente 3 variedades de plástico, que son el PET, el polipropileno y el polietileno de baja y alta densidad. Ese grupo de plásticos están siendo altamente reciclados y tienen buen valor de mercado.
La capacidad total de reciclaje en Chile hoy es de hasta 155 mil toneladas de plástico. ¿Es suficiente para cumplir con las metas de la Ley REP?
Hasta el segundo año, sí. De ahí en adelante necesitamos generar mucho más capacidad. Como no es rápido, son planes que deben surgir ahora. El estudio que presentamos es un hito porque es el último sin ley REP de envases y embalajes de implementación directa. En octubre de 2024 vamos a tener un primer año de medidas en base a la contabilización de metas de la REP.
Sabemos que CCU anunció la construcción de una fábrica y que Coca-Cola está en lo mismo. ¿Qué otras empresas están hoy día haciendo algo para invertir que nos permita hacernos cargo de las metas de reciclaje y valorización?
Estamos super contentos con las inversiones que está haciendo CCU y Coca-Cola, porque éramos de los pocos países en la región que no teníamos una planta con esa tecnología, conocida como bottle-to-bottle, que permite llevar el plástico PET reciclado a grado alimenticio. Ese es el gran desafío en el reciclaje de plástico que provienen de empaques, de si pueden o no estar en contacto con alimentos. En el PET existe esta tecnología, está masificada y en Chile no la teníamos. Gracias a la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, que tiene una norma que fuerza a las embotelladoras a partir del 2025 a incorporar un porcentaje de reciclado en Chile, de botella a botella, se producen estas inversiones.
Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que el reciclaje lo hagan empresas distintas a las marcas. Es el caso de los otros productos, como yogures, bolsas de arroz o de tallarines, por ejemplo. Cuando miramos esos otros plásticos, vemos que ha disminuido la cantidad de empresas, pero se han consolidado y han crecido las que quedan. Han ido incorporando tecnologías que no tenían para abordar lo que viene de los domicilios, que es mucho más complejo respecto a lo que viene de la industria, que está limpio y ordenado, e incluso separado por tipo.
Por ejemplo, hace tiempo se empezó a invertir en centrífugas para limpiar sin agua. Se está consolidando la industria existente, pero necesitamos que haya mayor desarrollo, sobre todo a nivel regional.
Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que el reciclaje lo hagan empresas distintas a las marcas. Es el caso de los otros productos, como yogures, bolsas de arroz o de tallarines, por ejemplo. Cuando miramos esos otros plásticos, vemos que ha disminuido la cantidad de empresas, pero se han consolidado y han crecido las que quedan. Han ido incorporando tecnologías que no tenían para abordar lo que viene de los domicilios, que es mucho más complejo respecto a lo que viene de la industria, que está limpio y ordenado, e incluso separado por tipo. Por ejemplo, hace tiempo se empezó a invertir en centrífugas para limpiar sin agua. Se está consolidando la industria existente, pero necesitamos que haya mayor desarrollo, sobre todo a nivel regional.
¿Qué inversión se necesita?
Es difícil hablar de cuál es la inversión necesaria para poder avanzar con el cumplimiento de metas de la Ley REP, porque hay muchos frentes en los cuales se requiere inversión para asegurar que los sistemas de gestión puedan disponer de la infraestructura y capacidades de recolección, clasificación y valorización de residuos a lo largo de todo el país.
En la actualidad la infraestructura disponible se encuentra en la Región Metropolitana y en la zona centro del país, lo que no es suficiente para dar cobertura a todo el territorio ni para el cumplimiento de las metas. No tiene sentido transportar residuos recolectados en el sur y norte para luego ser clasificados y valorizados en el centro, porque además de ser ineficiente y tener un altísimo costo logístico, hay un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero que también hay que considerar.
En preparación a la ley REP todo el ecosistema ha estado trabajando en ampliar la cobertura y en aumentar la capacidad de gestión y valorización.
Por ejemplo, si miramos el proceso de clasificación -un eslabón clave para que la cadena de valor del reciclaje de residuos y su valorización sea eficiente y sostenible en el tiempo- hoy se está terminando de construir en Santiago una planta de clasificación automatizada y con tecnología de punta que será capaz de procesar 40 mil toneladas al año, con una inversión que bordea los US$ 25 millones. Y las plantas de clasificación solamente se hacen cargo de una parte del proceso.
La infraestructura disponible hoy en Chile es insuficiente y se va a requerir de mucha más inversión para desarrollar la necesaria cadena de recolección, clasificación y valorización a lo largo del todo el país.
Perciben uds que la ley REP ha penetrado en la gente, ha sido bien entendida…
A nivel comercial e industrial, la ley REP la sabemos como si fuera un jingle de moda. Pero a nivel de ciudadanía falta, por varias razones.
Por un lado, la tarea de ir dando a conocer es colaborativa, no fácil, del Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, de los Sistemas de Gestión e ir entregando un relato común, que no sea confuso. Por otro lado, no necesitamos que la gente entienda que la ley REP se llama así, sino que necesitamos que las personas entiendan qué se puede reciclar y qué no de lo que desecha en su casa… y qué lo haga.
Además, es clave que salga el reglamento de etiquetado de reciclabilidad, que hoy está siendo trabajado en el MMA. Con ese reglamento, los dueños de marcas o quienes ponen los productos en el mercado, van a ser capaces de poner un sello que por un lado te muestra que ese producto es reciclable y por el otro te muestra de qué forma se recicla.
Hoy en día deberíamos ser capaces de reciclar los plásticos clasificados con 1, 2, 4, 5 y 6. O sea, es harto. Sólo dejé el 3 afuera, que es el PVC, que no es que no se pueda reciclar, sino que su reciclaje es sólo molienda, porque cuando se somete a calor expele gases que son tóxicos.
Y el número 7, que es todo lo que no entra en los resto de los números…
Ahí tenemos un montón de temas, porque va a salir otro reglamento, que está asociado a la Ley de Plásticos de un Solo Uso. Ese reglamento va a especificar qué son los plásticos certificados o compostables. Y los plásticos compostables siguen otro camino, separado de los reciclables. Como hoy día no sabemos aún qué es lo que se exige cuando hablamos de plástico certificado, cae en el número 7 y se va al basurero.
Además está el problema de que hoy conviven varios estándares para el reciclaje domiciliario. En algunos puntos separan todos los plásticos, mientras que en otros sólo emplean una separación de tres tipos de reciclaje. Eso confunde también a la ciudadanía.
Cuando se empiezan a contabilizar las metas para el cumplimiento de la Ley REP, en octubre pasado, no todas las comunas partieron desde cero, puesto que había algunas que habían comenzado años antes con esquemas de recolección segregada desde los hogares.
Si bien esto es positivo y un tremendo avance en el sentido que fue generando sensibilización y hábitos de reciclaje en la ciudadanía, cada municipio instauró sus propios sistemas sin que primara un criterio de estandarización a nivel nacional o territorial.
Entonces hoy hay que hacer convivir varios sistemas, apuntando obviamente a una estandarización donde, idealmente los residuos reciclables de los hogares se separan en tres flujos separados, replicando el estándar europeo, donde el azul es para papel y cartón, el verde para vidrio y el amarillo para residuos livianos en donde se encuentran todos los plásticos, el cartón para bebidas, el aluminio y la hojalata. De esta forma se recupera mucho más material y el pretratamiento y clasificación son muchísimo más eficientes.
Escucha la entrevista también en formato de podcast en Spotify. Esta entrevista se complementa además con preguntas adicionales cuyas respuestas fueron entregadas de forma escrita por Magdalena Balcells.
Por Javier Peró, cofundador y presidente del Directorio de Kyklos.
Hace menos de un año entró en vigencia la Ley REP. Todos reconocemos que esta normativa ha significado un piso necesario para regular y atender a la problemática de los residuos a nivel país. Sin embargo, al poco andar hemos visto que varios engranajes de la ley son difusos e incluso ponen cortapisas a soluciones creativas que venían cultivándose en el mercado del reciclaje. Por ejemplo, ha rigidizado la gestión de los envases y embalajes provenientes de establecimientos que llamaré “comerciales”, que no necesariamente calzan con la lógica del manejo domiciliario, pero tampoco se encuentran cubiertos por la figura del consumidor industrial.
Hasta ahora, en tiendas de retail y centros comerciales, como también en edificios de oficinas y colegios –a estos me refiero con establecimientos comerciales-, se han puesto en marcha procedimientos eficientes e innovadores para segregar, recolectar y derivar a los diferentes valorizadores, cada caso con sus propias características de acopio, frecuencias de retiro, tipos de contenedores, entre otros.
Pero con la normativa actual, estos establecimientos, que almacenan buenos volúmenes de residuos de envases y embalajes en sus patios traseros o salas de reciclaje, ahora están limitados en su forma de operar, ya que las licitaciones a las que se enfrentan fueron pensadas para un modelo de recolección en hogares: un contenedor pequeño con frecuencia semanal, que debe dejarse en la vereda.
Para el caso de los residuos generados por consumidores industriales, esto quedó resuelto en el Decreto Nº12 de la Ley REP, que estipula que estos pueden operar mediante un mecanismo denominado monitoring, que les permite ejecutar sus propios procedimientos de recolección y valorización, como un modelo alternativo al de las licitaciones. El punto es que los establecimientos comerciales no calzan necesariamente con la definición de consumidor industrial que, de por sí, tampoco se encuentra plenamente configurada, ya que está pendiente una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
¿Por qué la ley considera un procedimiento de gestión exclusivo para los residuos de los consumidores industriales, sin ampliar esta facultad a toda la gama de los asimilables a los domiciliarios, como los que se generan en establecimientos comerciales? ¿Por qué consumidores de naturaleza no industrial, que en la actualidad gestionan exitosamente envases y embalajes, no podrían optar por el mecanismo del monitoring, manteniendo sus gestiones actuales? Esto no solo permitiría declarar estos residuos, sino también que estos aporten al cumplimiento de metas que expone la ley.
En la realidad chilena no solo los establecimientos industriales han valorizado por sí mismos sus residuos de envases y embalajes. Por el contrario, un amplio y variado mercado se ha hecho cargo exitosamente de estas gestiones, pero la REP, a través de su sistema de licitaciones, ahora las limita. Y peor aún, en algunos casos, las licitaciones vienen a distorsionar el mercado y a desordenar ciclos que eran eficientes y de bajo costo.
Una solución podría ser modificar el Decreto Nº12, ampliando la facultad de cumplimiento por monitoring, tanto para residuos generados por consumidores industriales, como por establecimientos comerciales. De esta forma, se reconocerían las eficiencias del mercado actual, y las licitaciones se enfocarían en aquellos casos en los que no existe un mercado.
La Ley REP tiene la tarea de regular un mercado del reciclaje con reglas claras y un sentido ético. Pero la clave está en no caer en una sobrerregulación que termine ahogando los métodos que han funcionado bien hasta ahora, sino que permita que este mercado crezca en base a eficiencia e innovación.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, a la fecha hay más de 12 mil empresas que aún no se han inscrito ni reportado sus estadísticas para la categoría de envases y embalajes, que entró en operación en octubre pasado, arriesgando a pagar la sanción más alta.
La Ley del Reciclaje (o Ley 20.290 de Responsabilidad Extendida del Productor, REP) para la categoría de Envases y Embalajes entró en operación en octubre del año pasado y ya con el primer año proporcional cumplido, comenzaron a regir las primeras obligaciones para las empresas que comercializan bienes envasados, como la de inscribirse e informar la cantidad de productos que colocan en el mercado en el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC).
En el DS-12 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que establece las metas de recolección y valorización, se estima que al menos en el sector manufacturero existen 14.500 empresas que deben cumplir la Ley REP en envases y embalajes, excluyendo en esa cifra a las microempresas que se les exceptúa de la norma, de acuerdo a la ley 20.416, que fija criterios especiales para las empresas de menor tamaño.
A la fecha, el RETC -base de datos administrada por el MMA- registra que sólo se han inscrito 2.500 empresas, quedando en falta alrededor 12 mil compañías. ¿El riesgo? Una multa que puede ascender hasta $8 millones de dólares (10 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA), quedando a criterio de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) el monto final. Lo que dependerá, según lo establece la norma legal, del beneficio económico que obtenga el infractor, su conducta previa y su capacidad económica, exceptuando de este último criterio a los sistemas de gestión colectivos.
Los expertos estiman que esas 12 mil compañías están compuestas en gran medida por empresas pequeñas y medianas, que comercializan más de 300 kgs de envases al año, pero muy lejos de las miles de toneladas que mueven las compañías más grandes. Para hacerse una idea, 300 kgs al año correspondería a menos de 1 kilo de envase por día. Una caja de cartón corrugado pesa alrededor de 250 gramos, lo que sería equivalente a vender productos embalados en 4 cajas de cartón por día.
De hecho, al medir el mercado total de envases y embalajes por volumen, los dos Gran Sistemas de Gestión Colectivos (Gransic) formados para envases domiciliarios, sus empresas adheridas (alrededor de 1.000 en el caso de ReSimple y 193 en el de Giro), mueven casi el 70% de las toneladas totales de envases y embalajes (66% ReSimple y 2% Giro).
“El foco de una pyme se basa principalmente en cómo hacer crecer su empresa y sus ventas, por ende lo más probable es que la Ley REP sea desconocida para ellas. Por ejemplo, muchas empresas que importan productos a Chile no están dentro de los Gransic”, comenta Isidro Pereda, experto de la consultora Repensando.
Será labor de la SMA la fiscalización y sanción de esta obligación legal. Desde el organismo explican que actualmente están trabajando en la estrategia general de fiscalización.
No contar con un sistema de gestión autorizado (individual o colectivo) también constituye una infracción gravísima de acuerdo a la normativa vigente, arriesgando una multa también de hasta US$ 8 millones.
Cumplimiento de Metas
Otra de las obligaciones importantes será el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, correspondientes al primer año de operación de la ley. Como la norma entró en vigencia el 16 de septiembre pasado y en operación el 2 de octubre, el Año 1 equivale al proporcional de las metas para ese periodo (octubre a diciembre), con las cifras de productos colocados en el mercado en el 2022. Esto es, 5% para el cartón para bebidas o tetra pack, 6% para el metal, incluyendo las latas de bebidas, 5% para el papel y cartón, 3% para plástico y 11% para vidrio.
De acuerdo a las cifras reportadas por las empresas en el RETC para el 2022, el plástico es el producto que más se coloca en el mercado, con 4,9 millones de toneladas*. Le siguen los papeles y cartones, con 545 mil tons, y el vidrio con 357 mil tons. Luego vienen los metales con 67,6 mil tons. y el tetra pack con 24,5 mil toneladas. Estos datos no consideran los productos reutilizables nuevos y recuperados.
“La regulación vigente establece como plazo para la entrega del informe de cumplimiento el 31 de mayo de este año. Vencido ese plazo corresponde iniciar la evaluación de cumplimiento”, explican desde la SMA.
“Las metas de la Ley REP son muy desafiantes, incluso desde el primer año, debido a que si bien actualmente se recicla en Chile aproximadamente un 10% del total de envases y embalajes puestos en el mercado, esos kilos no están contabilizados por los Gransic, sino que son venta directa a los valorizadores de parte de sus proveedores (intermediarios, recicladores de base o pequeñas empresas de gestión de residuos). Un ejemplo de esto son las campanas de vidrios, la compra de cartones por parte de las recuperadoras, la compra de metales y latas de aluminio, entre otros”, explica Pereda.
El experto agrega que los sistemas de gestión deben cumplir sus metas según el tamaño de su POM (put on the market), esto es la suma de lo que ponen en el mercado sus empresas socias. “Por ende los sistemas más grandes deben cumplir con una cantidad de kilos mayores que los sistemas más pequeños. La puesta en marcha de los Gransic ha sido muy compleja, debido al poco tiempo para la puesta en marcha de un ecosistema nuevo, el tiempo que toman las licitaciones y la tardanza de la firma de convenios con municipios”.
Si bien las metas son ambiciosas, la misma ley contempla ciertas flexibilidades en los primeros cuatro años de vigencia. Las empresas que están en un sistema de gestión colectivo podrán cumplir el 50% de la meta para el producto de su subcategoría (cartón, vidrio, metal o plástico) y compensar el porcentaje restante con productos de otra subcategoría.
En caso de incumplimiento de las metas, la norma establece una multa máxima de 5.000 UTA, que equivale a alrededor de US$ 4 millones. Sin embargo, quienes no entreguen el reporte de cumplimiento, se arriesgan a la multa máxima, de 10 mil UTA. Es más caro no informar que no cumplir.
* Nota de la Redacción: Desde el MMA aclararon posteriormente que esta cifra es errónea, a pesar de estar publicada en el RETC. Según el área de Comunicaciones, el error se debió a que algunas empresas reportaron en kilos y no toneladas, y que no es posible de rectificar, debido a que ya terminó el plazo de corrección. Será labor de la SMA fiscalizar en base a los Informes de Cumplimiento que reporten los Sistemas de Gestión, cuyo plazo de entrega es el próximo 31 de mayo.
