- Por Javier Peró, cofundador y presidente del Directorio de Kyklos.
Hace menos de un año entró en vigencia la Ley REP. Todos reconocemos que esta normativa ha significado un piso necesario para regular y atender a la problemática de los residuos a nivel país. Sin embargo, al poco andar hemos visto que varios engranajes de la ley son difusos e incluso ponen cortapisas a soluciones creativas que venían cultivándose en el mercado del reciclaje. Por ejemplo, ha rigidizado la gestión de los envases y embalajes provenientes de establecimientos que llamaré “comerciales”, que no necesariamente calzan con la lógica del manejo domiciliario, pero tampoco se encuentran cubiertos por la figura del consumidor industrial.
Hasta ahora, en tiendas de retail y centros comerciales, como también en edificios de oficinas y colegios –a estos me refiero con establecimientos comerciales-, se han puesto en marcha procedimientos eficientes e innovadores para segregar, recolectar y derivar a los diferentes valorizadores, cada caso con sus propias características de acopio, frecuencias de retiro, tipos de contenedores, entre otros.
Pero con la normativa actual, estos establecimientos, que almacenan buenos volúmenes de residuos de envases y embalajes en sus patios traseros o salas de reciclaje, ahora están limitados en su forma de operar, ya que las licitaciones a las que se enfrentan fueron pensadas para un modelo de recolección en hogares: un contenedor pequeño con frecuencia semanal, que debe dejarse en la vereda.
Para el caso de los residuos generados por consumidores industriales, esto quedó resuelto en el Decreto Nº12 de la Ley REP, que estipula que estos pueden operar mediante un mecanismo denominado monitoring, que les permite ejecutar sus propios procedimientos de recolección y valorización, como un modelo alternativo al de las licitaciones. El punto es que los establecimientos comerciales no calzan necesariamente con la definición de consumidor industrial que, de por sí, tampoco se encuentra plenamente configurada, ya que está pendiente una modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
¿Por qué la ley considera un procedimiento de gestión exclusivo para los residuos de los consumidores industriales, sin ampliar esta facultad a toda la gama de los asimilables a los domiciliarios, como los que se generan en establecimientos comerciales? ¿Por qué consumidores de naturaleza no industrial, que en la actualidad gestionan exitosamente envases y embalajes, no podrían optar por el mecanismo del monitoring, manteniendo sus gestiones actuales? Esto no solo permitiría declarar estos residuos, sino también que estos aporten al cumplimiento de metas que expone la ley.
En la realidad chilena no solo los establecimientos industriales han valorizado por sí mismos sus residuos de envases y embalajes. Por el contrario, un amplio y variado mercado se ha hecho cargo exitosamente de estas gestiones, pero la REP, a través de su sistema de licitaciones, ahora las limita. Y peor aún, en algunos casos, las licitaciones vienen a distorsionar el mercado y a desordenar ciclos que eran eficientes y de bajo costo.
Una solución podría ser modificar el Decreto Nº12, ampliando la facultad de cumplimiento por monitoring, tanto para residuos generados por consumidores industriales, como por establecimientos comerciales. De esta forma, se reconocerían las eficiencias del mercado actual, y las licitaciones se enfocarían en aquellos casos en los que no existe un mercado.
La Ley REP tiene la tarea de regular un mercado del reciclaje con reglas claras y un sentido ético. Pero la clave está en no caer en una sobrerregulación que termine ahogando los métodos que han funcionado bien hasta ahora, sino que permita que este mercado crezca en base a eficiencia e innovación.
