Entre sus principales funciones se encuentran la educación a los asistentes sobre la correcta disposición de residuos y la gestión de los distintos Puntos Limpios disponibles en el festival.
Lollapalooza Chile 2025 se prepara para una nueva edición que, además de la música, traerá consigo un fuerte compromiso con la sostenibilidad. El festival, que se llevará a cabo entre el viernes 21 y el domingo 23 de marzo en el Parque Metropolitano de Cerrillos, contará con la participación de 110 voluntarios que desempeñarán un rol clave en la correcta gestión de residuos y la educación ambiental de los asistentes.
La labor será liderada por ReSimple, Gran Sistema Colectivo de Gestión de residuos y responsable de dar cumplimiento a la Ley REP, normativa que impulsa el reciclaje y la economía circular en el país. La participación de los voluntarios se enmarca dentro del programa Rock & Recycle, una iniciativa que busca fomentar prácticas responsables con el medioambiente dentro de este festival.
Los voluntarios estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos del evento, con funciones clave como educar a los asistentes sobre la correcta separación y disposición de residuos; gestionar los Puntos Limpios asignados, asegurando su adecuado uso y funcionamiento; participar en activaciones y actividades verdes en la zona de Kidzapalooza, fomentando la conciencia ambiental desde la infancia; y apoyar en el stand informativo del sistema de gestión, donde se entregará información medioambiental.
La innovación, desarrollada en la Universidad Católica de Chile, ofrece mayor durabilidad y menos reparaciones en la industria vial.
Un equipo de investigadores de la Universidad Católica se encuentra desarrollando un material basado en lignina, un residuo de la industria papelera, con el objetivo de fabricación de pavimentos asfálticos. La iniciativa, que busca transformar la industria de la construcción vial, podría extender la vida útil de caminos y carreteras y reducir costos de mantenimiento.
Actualmente, la gran mayoría de los países en el mundo destinan un alto porcentaje del presupuesto en infraestructura al mantenimiento de caminos y carreteras, por lo que existe un interés global en desarrollar materiales innovadores que mejoren el desempeño de los pavimentos flexibles. Los pavimentos de asfalto constituyen más del 90% de las redes viales a nivel mundial y el 85% en Chile. El pavimento de asfalto está compuesto por agregados pétreos y bitumen, el cual sufre un proceso de oxidación con el tiempo que lo hace más rígido, lo que genera grietas y reduce la calidad de las vías.
La investigación evalúa la viabilidad de usar lignina en mezclas asfálticas y su impacto en el pavimento, reemplazando hasta un 20% del asfalto derivado del petróleo, cumpliendo la normativa vial. Además, generaría beneficios económicos y medioambientales. Las pruebas de laboratorio muestran que el asfalto modificado con este producto aumenta la resistencia al agrietamiento y deformación ocasionado por el tránsito de vehículos y el clima. “Uno de los principales problemas de la mezcla asfáltica es su oxidación, lo que genera grietas en el pavimento y requiere constantes reparaciones. La lignina tiene propiedades antioxidantes que podrían retrasar este proceso, extendiendo la vida útil del asfalto”, explicó el investigador Álvaro González y profesor de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Universidad Católica (UC).
El académico precisó que la lignina es un subproducto de la industria papelera que normalmente se quema para generar energía eléctrica dentro de las mismas plantas de la industria. Sin embargo, sus propiedades le permiten actuar como un “cazador de radicales libres”, evitando la oxidación prematura del asfalto.
De origen natural
La lignina es un polímero orgánico que se encuentra en la estructura de las plantas y es especialmente abundante en la madera. Su función natural es proporcionar rigidez y resistencia a los tejidos vegetales.
En la industria papelera, la lignina se separa de la celulosa durante el proceso de fabricación de pulpa y, en la mayoría de los casos, se quema como fuente de energía. Sin embargo, sus propiedades antioxidantes la convierten en un material de interés para diversas aplicaciones, como la modificación de asfaltos.
El evento, que se realizará en Brasil es una antesala a las negociaciones climáticas que se llevarán a cabo en la COP30.
Por primeva vez en la historia, América Latina albergará el Foro Mundial de Economía Circular (WCEF), el cual se celebrará en la ciudad de São Paulo, Brasil, específicamente en el famoso Parque de Ibirapuera, entre el 13 y el 16 de mayo.
En su novena edición, el WCEF explorará el potencial de las soluciones tropicales para el crecimiento sostenible, el poder de la economía regenerativa y las estrategias de una bioeconomía, junto con el papel indispensable del sector productivo para impulsar la transición hacia una economía circular.
Pero aparte del evento propiamente tal, se realizarán sesiones adicionales en línea los días 15 y 16 de mayo en diversas partes del mundo.
Este encuentro participarán tanto entidades del sector público, ONG, organizaciones ciudadanas y empresas. De alguna forma es una antesala a las negociaciones climáticas que se llevarán a cabo en la COP30 que también se realizarán en Brasil en noviembre de este año, la que ha generado mucha expectativa. Desde 2017, esta iniciativa es organizada por Finlandia y Sitra, el Fondo Finlandés de Innovación.
En este sentido, el WCEF2025 proporcionará a los líderes empresariales las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre cómo hacer que sus modelos de negocio sean más sostenibles y circulares.
Para más información así como conocer el programa en detalle, se puede entrar aquí: https://wcef2025.com/
Por Gustavo Villena, gerente de Operaciones de GIRO
Los recicladores de base han sido los verdaderos pioneros del reciclaje en Chile, recuperando materiales antes de la existencia de empresas del rubro o la Ley REP. Sin embargo, a más de un año y medio de la implementación de esta normativa, aún desconocemos con precisión cuántos recicladores operan en el país y en qué condiciones lo hacen.
Según un estudio del Ministerio del Medio Ambiente, Cempre Chile y Fundación El Árbol (2021), hay más de 60.000 recicladores en Chile, pero el 90% trabaja de manera informal, sin acceso a seguridad social ni condiciones adecuadas. Hoy, es urgente actualizar esta información mediante un nuevo catastro nacional que permita diseñar estrategias efectivas para su formalización e integración en los sistemas de gestión de residuos.
Si bien la Ley REP exige su registro y la certificación de competencias, estos requisitos no siempre se ajustan a la realidad. Muchos ingresan a esta labor por necesidad económica y carecen de apoyo para profesionalizarse y, lo cierto es que, sin mecanismos concretos que faciliten su cooperativización y participación en los servicios financiados por los sistemas de gestión, seguirán en desventaja frente a grandes empresas.
El pasado 1 de marzo, fue el Día Mundial del Reciclador de Base, una oportunidad para reafirmar el compromiso con su inclusión. La expansión de la recolección diferenciada domiciliaria en diversas comunas abre una ventana para articular su labor con los sistemas de gestión, garantizando mejores condiciones para ellos y mayor trazabilidad de los residuos reciclados.
Si queremos avanzar hacia una economía circular real, debemos reconocer que los recicladores de base son actores clave y asegurar su integración en la cadena de reciclaje. Para ello, un catastro actualizado es el primer paso para lograrlo.
Por Javier Peró, Sebastián Herceg y Reynaldo Herrera, de Kyklos.
La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) ha marcado un antes y un después en Chile en materia de gestión de residuos y reciclaje. Con su implementación inicial para Neumáticos Fuera de Uso en enero de 2023 y para Envases y Embalajes en septiembre del mismo año, se establecieron metas ambiciosas: reciclar entre el 90 y 100% de neumáticos para 2030, y entre el 45 y 70% de envases y embalajes para 2034. Este es un desafío inmenso, considerando que, según el Informe del Estado del Medio Ambiente 2024, en 2022 Chile generó 17,8 millones de toneladas de residuos no peligrosos.De esa cifra, el 47% corresponde a residuos municipales (los residuos sólidos municipales son recolectados por la gestión municipal e incluyen los residuos sólidos domiciliarios).
En su primer año, la ley ha mostrado avances concretos. Se han establecido más de 30 Sistemas de Gestión, incluyendo los destacados ReSimple y GIRO para envases y embalajes, que ya firmaron convenios con más de 100 municipalidades y comenzaron operaciones de recolección domiciliaria en más de 25 comunas. También se instalaron puntos de recepción en diversas localidades. Por otro lado, los sistemas colectivos para neumáticos fuera de uso, como Neuvol y Valora Más, han iniciado su despliegue territorial.
Las cifras respaldan este progreso. Según un estudio de Kyklos para la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), las toneladas valorizadas de cartón para bebidas aumentaron casi un 25%, y la tasa de valorización de plástico PET pasó de 22,6% a 29%. En el caso de los neumáticos, aunque el recauchaje disminuyó levemente, el índice de recauchabilidad creció de 14% a 15%, gracias a una menor entrada de neumáticos nuevos al mercado.
Pese a estos avances, los desafíos se mantienen especialmente en la recuperación de envases y embalajes domiciliarios, donde las tasas de reciclaje están estancadas. La razón principal radica en que la Ley REP no reconoció desde un comienzo la existencia de un mercado ya operativo que operaba en gran parte del territorio nacional, con tasas de reciclaje, junto con flujos de recolección y valorización sin grandes intermediarios para los distintos materiales.
Al imponer un sistema uniforme de recuperación para todos los envases domiciliarios reciclables, no se consideró que en comunidades de edificios, barrios y colegios estos residuos ya eran recuperados de manera eficiente. Esto ha generado ineficiencias al tratar de recolectar de la misma forma materiales que, por su volumen y clasificación, requieren distintos enfoques, convirtiéndolo en un proceso ineficiente y más costoso.
En ese sentido la normativa debió haber establecido, en primer lugar, un sistema de estandarización y licitación para la recolección de residuos domiciliarios convencionales. En segundo lugar, debió haber otorgado mayor libertad a inmuebles grandes y comercios, permitiéndoles optar por métodos de recolección más eficientes. Muchos de estos ya cuentan con espacios adecuados para la segregación y acopio de residuos, lo que podría optimizar significativamente el proceso.
Actualmente, las licitaciones buscan recuperar todos los materiales de un territorio de manera uniforme, sin diferenciar su «suborigen» ni su “territorialidad”. Esta estrategia ha resultado ineficiente y ha traído como consecuencia el aumento de los precios de los materiales y el no cumplimiento de las expectativas al recuperarse mucho menos de lo esperado. Muchos materiales que iban directo a los valorizadores hoy están pasando por más intermediarios, encareciendo todo el ciclo de vida de estos. Por otro lado, los territorios licitados, están siendo agrupados para ser operados bajo un solo mandante o por muy pocos, haciendo que los actores más chicos de la cadena de recolección (como los recicladores de base) vean afectado todo el esfuerzo que por años han construido con las distintas comunidades.
La realidad es que si no se ajusta este enfoque la ley no logrará despegar, corriendo el riesgo de que simplemente no se cumpla con sus objetivos.
A pesar de este panorama, no todo está perdido y existen oportunidades para corregir el rumbo. En el caso de los residuos industriales existe la posibilidad de cumplir metas mediante el “monitoring”, esto quiere decir que cada inmueble se preocupa de recuperar sus residuos a través de empresas especializadas y luego reporta sus resultados a los Sistemas de Gestión. Esto mismo podría aplicarse en edificios y comunidades residenciales, diferenciando la recolección de residuos en espacios públicos mediante licitaciones de la gestión interna a través de monitoring, y así la separación entre licitación y método de recuperación propio se vuelve más simple, y menos costoso para todo el sistema.
Una combinación de estrategias diferenciadas permitiría optimizar la recuperación de residuos, alineando los incentivos del mercado y la industria con los objetivos de la normativa.
