Por Javier Peró, Sebastián Herceg y Reynaldo Herrera, de Kyklos.
La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) ha marcado un antes y un después en Chile en materia de gestión de residuos y reciclaje. Con su implementación inicial para Neumáticos Fuera de Uso en enero de 2023 y para Envases y Embalajes en septiembre del mismo año, se establecieron metas ambiciosas: reciclar entre el 90 y 100% de neumáticos para 2030, y entre el 45 y 70% de envases y embalajes para 2034. Este es un desafío inmenso, considerando que, según el Informe del Estado del Medio Ambiente 2024, en 2022 Chile generó 17,8 millones de toneladas de residuos no peligrosos. De esa cifra, el 47% corresponde a residuos municipales (los residuos sólidos municipales son recolectados por la gestión municipal e incluyen los residuos sólidos domiciliarios).
En su primer año, la ley ha mostrado avances concretos. Se han establecido más de 30 Sistemas de Gestión, incluyendo los destacados ReSimple y GIRO para envases y embalajes, que ya firmaron convenios con más de 100 municipalidades y comenzaron operaciones de recolección domiciliaria en más de 25 comunas. También se instalaron puntos de recepción en diversas localidades. Por otro lado, los sistemas colectivos para neumáticos fuera de uso, como Neuvol y Valora Más, han iniciado su despliegue territorial.
Las cifras respaldan este progreso. Según un estudio de Kyklos para la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), las toneladas valorizadas de cartón para bebidas aumentaron casi un 25%, y la tasa de valorización de plástico PET pasó de 22,6% a 29%. En el caso de los neumáticos, aunque el recauchaje disminuyó levemente, el índice de recauchabilidad creció de 14% a 15%, gracias a una menor entrada de neumáticos nuevos al mercado.
Pese a estos avances, los desafíos se mantienen especialmente en la recuperación de envases y embalajes domiciliarios, donde las tasas de reciclaje están estancadas. La razón principal radica en que la Ley REP no reconoció desde un comienzo la existencia de un mercado ya operativo que operaba en gran parte del territorio nacional, con tasas de reciclaje, junto con flujos de recolección y valorización sin grandes intermediarios para los distintos materiales.
Al imponer un sistema uniforme de recuperación para todos los envases domiciliarios reciclables, no se consideró que en comunidades de edificios, barrios y colegios estos residuos ya eran recuperados de manera eficiente. Esto ha generado ineficiencias al tratar de recolectar de la misma forma materiales que, por su volumen y clasificación, requieren distintos enfoques, convirtiéndolo en un proceso ineficiente y más costoso.
En ese sentido la normativa debió haber establecido, en primer lugar, un sistema de estandarización y licitación para la recolección de residuos domiciliarios convencionales. En segundo lugar, debió haber otorgado mayor libertad a inmuebles grandes y comercios, permitiéndoles optar por métodos de recolección más eficientes. Muchos de estos ya cuentan con espacios adecuados para la segregación y acopio de residuos, lo que podría optimizar significativamente el proceso.
Actualmente, las licitaciones buscan recuperar todos los materiales de un territorio de manera uniforme, sin diferenciar su «suborigen» ni su “territorialidad”. Esta estrategia ha resultado ineficiente y ha traído como consecuencia el aumento de los precios de los materiales y el no cumplimiento de las expectativas al recuperarse mucho menos de lo esperado. Muchos materiales que iban directo a los valorizadores hoy están pasando por más intermediarios, encareciendo todo el ciclo de vida de estos. Por otro lado, los territorios licitados, están siendo agrupados para ser operados bajo un solo mandante o por muy pocos, haciendo que los actores más chicos de la cadena de recolección (como los recicladores de base) vean afectado todo el esfuerzo que por años han construido con las distintas comunidades.
La realidad es que si no se ajusta este enfoque la ley no logrará despegar, corriendo el riesgo de que simplemente no se cumpla con sus objetivos.
A pesar de este panorama, no todo está perdido y existen oportunidades para corregir el rumbo. En el caso de los residuos industriales existe la posibilidad de cumplir metas mediante el “monitoring”, esto quiere decir que cada inmueble se preocupa de recuperar sus residuos a través de empresas especializadas y luego reporta sus resultados a los Sistemas de Gestión. Esto mismo podría aplicarse en edificios y comunidades residenciales, diferenciando la recolección de residuos en espacios públicos mediante licitaciones de la gestión interna a través de monitoring, y así la separación entre licitación y método de recuperación propio se vuelve más simple, y menos costoso para todo el sistema.
Una combinación de estrategias diferenciadas permitiría optimizar la recuperación de residuos, alineando los incentivos del mercado y la industria con los objetivos de la normativa.
