Por Javier Peró, co-fundador y presidente del Directorio de Kyklos.
Hace tres años se promulgó la conocida Ley PUSU (plásticos de un solo uso) con el fin de regular la entrega de estos plásticos y de las botellas PET en locales comerciales, para proteger al medio ambiente reduciendo la generación de desechos y fomentando un cambio hacia el uso de alternativas reutilizables y sostenibles.
Esta ley significa un tremendo avance y es una muy buena noticia en nuestro desafío de disminuir la basura, ya que impulsa un cambio de mentalidad en el día a día de las personas y nos obliga a todos a hacer un esfuerzo para no seguir entregando envases ni “herramientas” desechables que no tienen ningún sentido, existiendo ya alternativas reutilizables o fabricadas con materiales más orgánicos. Esta normativa es fundamental para avanzar hacia un cambio de comportamiento en torno a disminución de basura en las generaciones jóvenes y también impulsa una evolución en la mentalidad en generaciones de mayor edad en donde el cambio de hábitos es un desafío no menor.
Sin embargo, desde su entrada en vigencia, la cual se ha dividido en etapas, no ha estado ajena de debates. Sin ir más lejos, este 13 de agosto debió entrar en vigencia la fase en la cual los locales de comida preparada no podían entregar plásticos de un solo uso para consumo dentro del recinto y debían ocupar productos reutilizables. Sin embargo, este plazo quedó en pausa luego de que algunos sectores aseguraran no estar preparados para la implementación de esta etapa.
Lo anterior demuestra que esta ley tiene varios desafíos por delante. Para partir, la normativa no sólo regula los plásticos, sino que también “productos”, como lo dice su artículo 3, lo que genera confusión en su interpretación. Para ejemplificar: ¿se pueden entregar servilletas?, ¿se considera a las servilletas dentro de la categoría de “productos” o la ley obliga a volver a las servilletas de género?” (lo cual no sería muy viable). Hasta el momento nadie ha salido a clarificar este tipo de dudas.
En una línea similar, no se ha entregado claridad sobre las alternativas para reemplazar lo que se utiliza hoy, con esto se corre el riesgo de que la gran mayoría no entienda cómo implementar la normativa y por ende podría terminar en “letra muerta”.
Otro punto a trabajar para lograr una implementación exitosa, es en una campaña para difundir e informar bien los alcances de la ley y apoyar a los municipios en la forma en que se va a fiscalizar, ya que esta responsabilidad recae en los municipios, donde las capacidades de fiscalización no sobran.
Las dificultades se van sumando. La ley también incluye la obligación de ofrecer en vitrinas al menos un 30% de botellas retornables, una medida que, en general, es difícil de implementar. Este tipo de regulación, basada en cuotas, es una forma básica de regular, pero que en la práctica puede ser ineficaz, ya sea por dificultad de fiscalización, como por los mecanismos que empieza a desarrollar el mercado para adecuarse a cumplir las cuotas manteniendo su eficiencia de ventas o costos. Sería más apropiado incentivar la retornabilidad mediante mecanismos económicos más sofisticados, como incentivos tributarios o subvenciones, y desincentivar el uso de productos desechables mediante otro tipo de mecanismos económicos.
La Ley PUSU representa un paso importante hacia la protección del medio ambiente y la reducción de residuos. Sin embargo, su efectividad depende de la claridad en su implementación, la difusión adecuada de sus alcances y la oferta de alternativas viables para los productos desechables. La colaboración entre los reguladores, los municipios, los comercios y la ciudadanía es esencial a la hora del diseño de políticas públicas eficaces que logren un cambio sostenible y duradero en los hábitos de consumo y manejo de residuos.
