Por Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de Pacto Global Chile, ONU.
En Chile, estamos en plena puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, una política pública ambiental que contribuirá, sin duda, a prevenir la generación de residuos y fomentar la reutilización de ellos. Esta busca incentivar el reciclaje de “la cuna a la tumba” donde los fabricantes e importadores de ciertos productos deben hacerse cargo de la gestión de los residuos que generan, desde su diseño hasta su disposición final. Así, se busca reducir la cantidad de residuos que llega a los vertederos y fomentar una economía circular que aproveche los recursos de manera eficiente y sostenible.
Esta ley se aprobó en Chile el 2016, pero su entrada en vigencia ha sido gradual, según los productos definidos como “prioritarios” por el Ministerio del Medio Ambiente. Estos productos son: aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, y neumáticos. Los productores o importadores de estos productos deben organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de su comercialización, cumpliendo con metas de recolección y valorización establecidas en decretos específicos.
El primer decreto de la ley REP en Chile fue el que estableció las metas de recolección y valorización de los neumáticos, que obliga a las empresas importadoras de neumáticos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos, que alcanzan unas 140 mil toneladas al año. El objetivo es que el 90% de los neumáticos sean reciclados o reutilizados, evitando así su disposición final en vertederos o su quema ilegal. Los demás decretos se encuentran en distintas etapas de elaboración o tramitación y se implementarán de manera gradual hasta el 2035.
Ahora en septiembre comenzaron a regir las metas REP de Envases y Embalajes, desde ahí, todas las empresas que introducen al mercado este producto prioritario, según lo define la ley, deben estar adheridas a un sistema de gestión, para dar cumplimiento a sus metas y las obligaciones asociadas, tanto en su modalidad individual como colectiva. Además, deberán entregar información sobre las tarifas del sistema de gestión, instalar y operar establecimientos de recepción y almacenamiento de residuos, y realizar recolección selectiva de residuos domiciliarios. oportunidad para avanzar hacia una economía circular, que promueva el uso eficiente de los recursos y la reducción de los impactos ambientales.
La Ley chilena se basó en las legislaciones de España, Alemania, Bélgica y Brasil. Esto se ha reflejado en crear un ecosistema de gestión de residuos con actores similares, que incluyen empresas productoras, sistemas de gestión (SIG) -a cargo de la recolección y valorización de los residuos domiciliarios e industriales-, gestores de residuos y municipalidades. También cuenta con aspectos propios como la incorporación de la institucionalidad de libre competencia para controlar de forma previa que los sistemas de gestión funcionen debidamente junto con el fortalecimiento de la asociatividad municipal para una correcta gestión de los residuos.
Uno de los principales desafíos es la educación y sensibilización de la ciudadanía que implica un rol activo de los consumidores, quienes deben ser conscientes y responsables. Además, el Estado debe tener un rol clave promoviendo la educación ambiental y la participación ciudadana, más aún, cuando las conductas de toda la cadena de valor impactan significativamente en los resultados y por consiguiente, en el cuidado del medioambiente.
En ese contexto, las empresas adheridas a Pacto Global que introdujeron en sus procesos las metas que plantea el ODS12, no esperaron a la implementación de la ley, porque vienen trabajando en esta temática desde hace años, con muy buenos resultados. Sabemos que en nuestras organizaciones existe la convicción de que este es el camino para construir un Chile sostenible en armonía con el medioambiente.
