Por Sebastian Herceg, socio fundador de Kyklos y miembro directorio ANIR.
Las fiestas patrias suelen ser la celebración más grande en nuestro país. Durante todo el año, los chilenos esperamos con ansias esa tercera semana de septiembre donde se da rienda suelta al vino tinto y la empanada. Pero este año las ansias fueron aún más grandes para los que trabajamos en la industria del reciclaje, porque el 16 de septiembre empezaron a regir las metas de recolección de Envases y Embalajes de la Ley REP.
En este primer año las metas son las siguientes: 5% para los envases de cartón para líquidos, como las cajas de leche, jugo o vinos que fueron consumidos en las pasadas fiestas; 6% para los envases metálicos, representado principalmente por las latas de aluminio; 5% para cajas y papeles; 3% para todo tipo de envoltorios plásticos y 11% para envases de vidrio. Estas metas corresponden a la recolección de los residuos que generamos en nuestras casas, llamados residuos domiciliarios, de los que en Chile actualmente se recupera menos del 2% según el último Reporte del Estado del Medio Ambiente.
Para dar cumplimiento a estas metas de envases y embalajes, las empresas pueden hacerlo de manera individual o colectiva, a través de Sistemas de Gestión. Cuando los sistemas de gestión colectivos contienen a 20 o más empresas, se les denomina GRANSIC. Actualmente hay 3 GRANSIC aprobados por el tribunal de Libre Competencia para operar: ReSimple, ProREP y GIRO. A través de estos y otros operarios, la gestión de residuos avanza a pasos agigantados, y su recuperación solo crecerá durante los próximos meses.
Ahora mismo, para los colaboradores de la economía circular, la ley está trabajando para nosotros.
Pero la idea no es descansar en los laureles, sino perfeccionar los sistemas a medida que avanzan. Hay aún un par de riesgos en el diseño operativo de la ley que vale la pena tomar en cuenta, desprendidos principalmente desde la desconfianza y desorganización que puede surgir en una estructura con tantos actores.
En primer lugar, que las empresas no comprendan su real rol dentro de la Ley REP. Los sistemas de Responsabilidad Extendida al Productor no buscan simplemente que las empresas paguen a otros para que se hagan cargo de los residuos que generan sus productos, sino que este nuevo costo empuje a las marcas a buscar mejores prácticas en el ecodiseño y la materialidad de sus envases. Si simplemente toman el rol de espectadores pasivos que solo pagan la cuenta, será imposible avanzar hacia una verdadera economía circular.
Finalmente, la fiscalización. Es natural que en toda nueva estructura implementada exista poco control al principio, ya que aún se están perfeccionando los protocolos y las metodologías. Uno de los grandes riesgos de la implementación de esta ley es que no se haga una fiscalización suficientemente rigurosa, donde exista mucha evasión o poco seguimiento a quienes no cumplen con las normas. Lo bueno es que la ley REP contempla un carácter retroactivo, donde el no cumplir hoy día, es pagar más mañana. La acumulación de faltas solo vuelve más graves las infracciones, y quienes no cumplan con las obligaciones estipuladas, como informar sobre su ingreso a un sistema de gestión o el cumplimiento de las metas, arriesgan multas de hasta 10 mil UTA (más de 7.600 millones de pesos).
A fin de cuentas, todos estos riesgos son factores que debemos considerar si queremos alcanzar las metas que tanto celebramos hoy, y que planeamos aumentar año a año durante la próxima década. El rol de la ciudadanía es vital en este proceso, informándonos y educándonos respecto a las mejores prácticas para reciclar nuestros residuos. Aportar desde nuestras casas y lugares de trabajo también perfecciona estos complejos sistemas, y nos permite familiarizarnos con las innumerables horas de trabajo que hay detrás de ese mágico momento en que lo que nosotros creemos que es basura se convierte en materia nueva.
Como dije, la ley está trabajando para nosotros; pero es imperativo que nosotros también trabajemos para la ley.
