Por Carolina Urmeneta, directora Economía Circular y de las Americas, Global Methane Hub.
Chile ha avanzado en una política climática de Estado que se consolida y refuerza con la recientemente publicada Ley Marco de Cambio Climático. La ley 21.455 fue promulgada el 13 de Junio por el Presidente Boric, y diseñada y tramitada por el Gobierno del Presidente Piñera con un inédito proceso participativo y gran contribución de la ciencia.
Esta ley establece la meta de la carbono neutralidad y resiliencia a más tardar al 2050, que tal como nos ha dicho la ciencia, es clave para disminuir los impactos del cambio climático. Para lograr la carbono neutralidad, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha demostrado, en sus últimos reportes, que debemos poner un foco muy importante en reducir las emisiones de metano, que es un forzante climático de vida corta con 86 veces el poder de calentamiento global del CO2 en 20 años.
En Chile, las principales fuentes de emisión de metano son la crianza de animales y los residuos orgánicos (restos de frutas, verduras o del jardín), y para un periodo de 20 años corresponden a más del 30% de las emisiones a nivel nacional. Avanzar en el diseño e implementación de acciones concretas es clave en esta década y la siguiente para lograr el objetivo de la carbono neutralidad y reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático.
La semana pasada la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, anuncio que a fines de año ingresarán el “Proyecto de ley no más orgánicos a rellenos sanitarios”, clave para poder cumplir con la Estrategia de Orgánicos de Chile, la Hoja de Ruta de Economía Circular y la meta de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) al 2030 en el camino a la carbono neutralidad.
Actualmente en Chile, el 58% de nuestra basura se compone de restos orgánicos y sólo el 1% de éste, es valorizado, cambiar esta realidad es un gran desafío. Chile puede ser pionero en contar con una ley que prohíba el ingreso de orgánicos a rellenos sanitarios; pero para lograrlo, se requiere un esfuerzo colectivo, es decir, en nuestras casas debemos tomar conciencia de la cantidad de orgánicos que contiene nuestra bolsa de basura y separarlos, en los municipios se requiere desarrollo de capacidades y un trabajo coordinado que permita un cambio en el diseño e implementación de sistemas de manejo de residuos, en el sector privado y financiero se requiere evaluar estos proyectos considerando los beneficios asociados a la disminución de emisiones y el aumento de vida útil de los rellenos sanitarios, y desde el sector público, se requiere trabajar con premura en el proceso de elaboración y aprobación del proyecto para su posterior tramitación en el Congreso.
Respecto a la legislación para la gestión de residuos, en Chile partimos con la ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) que considera por ejemplo los envases y embalajes, sin embargo, estos corresponden sólo a un 25% de la basura domiciliaria. Diversos estudios nos han permitido saber que el mayor porcentaje de nuestra basura son los residuos orgánicos, que es costo efectivo evitar que éstos lleguen a los rellenos, y que el gasto más significativo para las comunas del país es el asociado a la recolección, disposición y manejo de basura domiciliaria (se estima en alrededor de US$500 millones al año), tenemos así una oportunidad única de avanzar en que este gasto sea costo efectivo, buscando alcanzar nuestras metas climáticas y de desarrollo sustentable, incluyendo la participación de comunidades y procurando una mayor justicia ambiental para nuestras comunas.
Avanzar en una regulación de residuos orgánicos permite a Chile fortalecer de manera concreta sus compromisos climáticos y aportar en el cumplimiento del Global Methane Pledge, compromiso global de reducción de emisiones de metano en al menos un 30% al 2030, lanzado en la COP26 y firmado por Chile y más de 120 países, reforzando así nuestra política climática de Estado. Desde el Global Methane Hub felicitamos esta iniciativa y confirmamos seguiremos apoyando al país en la implementación de políticas y acciones robustas en línea con lo que nos pide la ciencia