Por Javier Peró, co-fundador y presidente del Directorio de Kyklos.
Hace tres años se promulgó la conocida Ley PUSU (plásticos de un solo uso) con el fin de regular la entrega de estos plásticos y de las botellas PET en locales comerciales, para proteger al medio ambiente reduciendo la generación de desechos y fomentando un cambio hacia el uso de alternativas reutilizables y sostenibles.
Esta ley significa un tremendo avance y es una muy buena noticia en nuestro desafío de disminuir la basura, ya que impulsa un cambio de mentalidad en el día a día de las personas y nos obliga a todos a hacer un esfuerzo para no seguir entregando envases ni “herramientas” desechables que no tienen ningún sentido, existiendo ya alternativas reutilizables o fabricadas con materiales más orgánicos. Esta normativa es fundamental para avanzar hacia un cambio de comportamiento en torno a disminución de basura en las generaciones jóvenes y también impulsa una evolución en la mentalidad en generaciones de mayor edad en donde el cambio de hábitos es un desafío no menor.
Sin embargo, desde su entrada en vigencia, la cual se ha dividido en etapas, no ha estado ajena de debates. Sin ir más lejos, este 13 de agosto debió entrar en vigencia la fase en la cual los locales de comida preparada no podían entregar plásticos de un solo uso para consumo dentro del recinto y debían ocupar productos reutilizables. Sin embargo, este plazo quedó en pausa luego de que algunos sectores aseguraran no estar preparados para la implementación de esta etapa.
Lo anterior demuestra que esta ley tiene varios desafíos por delante. Para partir, la normativa no sólo regula los plásticos, sino que también “productos”, como lo dice su artículo 3, lo que genera confusión en su interpretación. Para ejemplificar: ¿se pueden entregar servilletas?, ¿se considera a las servilletas dentro de la categoría de “productos” o la ley obliga a volver a las servilletas de género?” (lo cual no sería muy viable). Hasta el momento nadie ha salido a clarificar este tipo de dudas.
En una línea similar, no se ha entregado claridad sobre las alternativas para reemplazar lo que se utiliza hoy, con esto se corre el riesgo de que la gran mayoría no entienda cómo implementar la normativa y por ende podría terminar en “letra muerta”.
Otro punto a trabajar para lograr una implementación exitosa, es en una campaña para difundir e informar bien los alcances de la ley y apoyar a los municipios en la forma en que se va a fiscalizar, ya que esta responsabilidad recae en los municipios, donde las capacidades de fiscalización no sobran.
Las dificultades se van sumando. La ley también incluye la obligación de ofrecer en vitrinas al menos un 30% de botellas retornables, una medida que, en general, es difícil de implementar. Este tipo de regulación, basada en cuotas, es una forma básica de regular, pero que en la práctica puede ser ineficaz, ya sea por dificultad de fiscalización, como por los mecanismos que empieza a desarrollar el mercado para adecuarse a cumplir las cuotas manteniendo su eficiencia de ventas o costos. Sería más apropiado incentivar la retornabilidad mediante mecanismos económicos más sofisticados, como incentivos tributarios o subvenciones, y desincentivar el uso de productos desechables mediante otro tipo de mecanismos económicos.
La Ley PUSU representa un paso importante hacia la protección del medio ambiente y la reducción de residuos. Sin embargo, su efectividad depende de la claridad en su implementación, la difusión adecuada de sus alcances y la oferta de alternativas viables para los productos desechables. La colaboración entre los reguladores, los municipios, los comercios y la ciudadanía es esencial a la hora del diseño de políticas públicas eficaces que logren un cambio sostenible y duradero en los hábitos de consumo y manejo de residuos.
A menos de dos meses de la puesta en marcha de su etapa final, los municipios reconocen una alta incertidumbre respecto de definiciones claves para una adecuada fiscalización, como son la inexistencia del reglamento, el déficit de recursos asociados, la escasa capacitación de funcionarios y la falta de catastro de locales de alimentación y delivery que deben ser abordados.
Cuando faltan pocas semanas para que la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (PUSU) comience a regir en su etapa final, prevista para el 13 de agosto, existe inquietud entre los municipios sobre las dificultades que tendrá su aplicación práctica, la que podrían comprometer la efectividad del rol fiscalizador que les asigna la normativa.
En vista de este escenario, Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), dijo que los municipios solicitarán este lunes 17 de junio, en reunión con la Ministra de Medio Ambiente, posponer la entrada en régimen de la ley, de manera de revisar algunos de estos aspectos centrales, discusión a la que esperan aportar su experiencia práctica.
Un reciente estudio elaborado por la Amuch, reveló que el 81,7% de las municipalidades del país no dispone de la capacidad necesaria para fiscalizar de manera efectiva las nuevas disposiciones contempladas en la ley, que, entre otras cosas, prohíbe la entrega de cualquier producto de un solo uso y no solo plásticos al interior de locales de comida, independientemente de si su material es reciclable, biodegradable o compostable.
“A todas luces el escenario se ve complejo. Este estudio muestra preocupantes conclusiones, como son la evidente confusión entre esta ley y la Ley REP, la escasa capacidad fiscalizadora y numerosas dudas sobre cómo ejercer esa facultad por parte de los equipos encargados y la falta de catastros sobre los establecimientos de comida existentes en cada comuna”, señaló Chacón.
En efecto, el documento recoge la visión de 92 municipalidades y evidencia que el 27% admite no contar con la infraestructura ni los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de fiscalización.
Respecto de la existencia de un catastro actualizado sobre los locales de expendio de alimento a supervisar, únicamente el 32,4% afirmó tener el registro de todos los locales de la comuna, el 32,4% de algunos sectores de la comuna, el 14,1% no tiene ningún catastro y el 21,1% desconoció la existencia de un instrumento con estas características.
El estudio también plantea la desorientación entre el personal municipal respecto de la simultaneidad y dualidad que a partir de agosto habrá entre esta normativa y la Ley REP, debido al distinto enfoque que ambas disposiciones atribuyen al tratamiento de envases y embalajes de papel y cartón. Ello, debido a que, si bien la Ley de Plásticos de Un Solo Uso los prohíbe, la segunda fomenta su reutilización, reciclaje y valoración.
Desde Amuch aseguran, además, que el Gobierno no considera las diversas realidades de cada municipalidad, sobre todo las de regiones y localidades más alejadas que cuentan con menos recursos, ya sea para comunicar la medida y para su fiscalización.
Asimismo, los encargados de desarrollo económico local y/o fomento productivo expresaron inquietudes sobre cómo la implementación de la normativa puede impactar en las actividades de emprendimiento que realizan en sus comunas, tales como las ferias locales.
Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile.
Por Magdalena Balcells, gerente general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (Asipla).
Faltan apenas cinco meses para que, al alero de la Ley 21.368 -también conocida como Ley PUSU-, se produzca un profundo cambio de paradigma, ya que en restaurantes y lugares de expendio de comida preparada se prohibirá la entrega de envases desechables de cualquier materialidad, cuando el consumo ocurra dentro del local; en tanto, cuando el consumo sea para delivery (fuera del local) se permitirá la entrega de envases desechables de materiales distintos al plástico, a menos que se trate de envases de plásticos certificados, es decir, envases fabricados a partir de materias primas que contengan al menos un 20% de resinas de origen renovable y se puedan compostar en un lapso igual o inferior a 180 días.
Hasta acá, todo suena muy bien. Pero para llevarlo a la práctica es fundamental la preparación previa de la industria que, en un escenario de poca certeza técnica y jurídica, es simplemente impracticable.
El Anteproyecto de Reglamento de la Ley 21.368, que entró en consulta pública el pasado 7 de febrero, es un buen punto de partida para la implementación de la normativa, pero no entrega toda la información y precisión necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y metas por parte de los establecimientos regulados. A ello se suma que el documento en consulta está sujeto a 8 resoluciones que aún no se encuentran disponibles y los plazos asociados para su redacción son extremadamente ajustados para asegurar una correcta aplicación de la ley.
Desde la industria identificamos en este reglamento varios temas sensibles, como los requisitos y certificaciones que deberán acreditar los plásticos certificados, así como también las obligaciones de trazabilidad, certificación e incorporación de material reciclado en botellas plásticas desechables, que, dicho sea de paso, con el ánimo de diferenciarlas de aquellas retornables e incentivar su circularidad, sugerimos que sean denominadas “botellas plásticas reciclables”.
En paralelo, nos encontramos con el hecho de que existe actualmente en curso en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, un proyecto de ley que busca modificar el Artículo 3 de la Ley PUSU, permitiendo la entrega de envases desechables distintos al plástico tradicional cuando el consumo de alimentos sea dentro del local, eliminando, así, la exigencia de uso de aplicaciones reutilizables.
Desde Asipla estamos convencidos de que uno de los grandes méritos de esta Ley es su objetivo y esencia de reducir la generación de residuos de envases de comida preparada de cualquier materialidad, entendiendo que son aplicaciones difíciles de gestionar por su volumen y contaminación orgánica asociada.
Evidentemente, un cambio de esta naturaleza implica coordinación y anticipación en su aplicación para minimizar eventuales efectos secundarios, como un aumento de la huella hídrica producto del uso de reutilizables, y por eso creemos que hay que reforzar los criterios de gradualidad -pensando en los actores más pequeños o en sitios más aislados- y la colaboración, para desarrollar proyectos de gran impacto, como Plaza 0 de Mall Plaza, que busca tener patios de comida libres de aplicaciones desechables y eficientes en el uso del agua
Para la industria del plástico nacional -y para nuestro gremio, en particular-, tanto la colaboración permanente entre actores involucrados que se dio desde el inicio de la tramitación de la Ley 21.368, como también la adopción de innovaciones e inversiones relevantes que aseguraran la correcta implementación de esta normativa, han estado en el centro de nuestro quehacer, porque estamos convencidos y comprometidos con aquellas políticas públicas que de manera coherente y sistémica nos permiten avanzar hacia la economía circular. Sin embargo, es fundamental contar con requisitos mínimos necesarios y con certeza jurídica para estar preparados oportunamente y ser un motor de empuje en la correcta implementación de esta ley.