- A menos de dos meses de la puesta en marcha de su etapa final, los municipios reconocen una alta incertidumbre respecto de definiciones claves para una adecuada fiscalización, como son la inexistencia del reglamento, el déficit de recursos asociados, la escasa capacitación de funcionarios y la falta de catastro de locales de alimentación y delivery que deben ser abordados.
Cuando faltan pocas semanas para que la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (PUSU) comience a regir en su etapa final, prevista para el 13 de agosto, existe inquietud entre los municipios sobre las dificultades que tendrá su aplicación práctica, la que podrían comprometer la efectividad del rol fiscalizador que les asigna la normativa.
En vista de este escenario, Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), dijo que los municipios solicitarán este lunes 17 de junio, en reunión con la Ministra de Medio Ambiente, posponer la entrada en régimen de la ley, de manera de revisar algunos de estos aspectos centrales, discusión a la que esperan aportar su experiencia práctica.
Un reciente estudio elaborado por la Amuch, reveló que el 81,7% de las municipalidades del país no dispone de la capacidad necesaria para fiscalizar de manera efectiva las nuevas disposiciones contempladas en la ley, que, entre otras cosas, prohíbe la entrega de cualquier producto de un solo uso y no solo plásticos al interior de locales de comida, independientemente de si su material es reciclable, biodegradable o compostable.
“A todas luces el escenario se ve complejo. Este estudio muestra preocupantes conclusiones, como son la evidente confusión entre esta ley y la Ley REP, la escasa capacidad fiscalizadora y numerosas dudas sobre cómo ejercer esa facultad por parte de los equipos encargados y la falta de catastros sobre los establecimientos de comida existentes en cada comuna”, señaló Chacón.
En efecto, el documento recoge la visión de 92 municipalidades y evidencia que el 27% admite no contar con la infraestructura ni los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de fiscalización.
Respecto de la existencia de un catastro actualizado sobre los locales de expendio de alimento a supervisar, únicamente el 32,4% afirmó tener el registro de todos los locales de la comuna, el 32,4% de algunos sectores de la comuna, el 14,1% no tiene ningún catastro y el 21,1% desconoció la existencia de un instrumento con estas características.
El estudio también plantea la desorientación entre el personal municipal respecto de la simultaneidad y dualidad que a partir de agosto habrá entre esta normativa y la Ley REP, debido al distinto enfoque que ambas disposiciones atribuyen al tratamiento de envases y embalajes de papel y cartón. Ello, debido a que, si bien la Ley de Plásticos de Un Solo Uso los prohíbe, la segunda fomenta su reutilización, reciclaje y valoración.
Desde Amuch aseguran, además, que el Gobierno no considera las diversas realidades de cada municipalidad, sobre todo las de regiones y localidades más alejadas que cuentan con menos recursos, ya sea para comunicar la medida y para su fiscalización.
Asimismo, los encargados de desarrollo económico local y/o fomento productivo expresaron inquietudes sobre cómo la implementación de la normativa puede impactar en las actividades de emprendimiento que realizan en sus comunas, tales como las ferias locales.
Andrés Chacón, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Chile.
