Por Javier Peró, gerente de estudios de Kyklos.
Según el último Reporte del Estado del Medio Ambiente, publicado por el Sistema Nacional de Información Ambiental, la tasa de recuperación de residuos domiciliares en Chile es muy baja, menos de un 1%. Somos el país que genera más residuos per cápita de Latinoamérica (1,42 kg al día por persona), y, si nos comparamos con los países de la OCDE, somos los que tenemos menor tasa de recuperación. Por otro lado, los municipios se gastan actualmente alrededor del 18% del presupuesto municipal en la recolección y disposición de basura, y de esto no se genera ningún valor agregado. Pero si el problema es tan grande, ¿por qué se nos hace tan difícil implementar sistemas de reciclaje eficientes?
Existen varias barreras que nos dificultan encontrar soluciones integrales. Una de las más importantes es la económica. Botar basura en Chile es muy barato, tiene un costo de disposición de alrededor de $10.000 por tonelada, más el gasto de la logística, que varía entre $20.000 a $50.000 por tonelada. Esto hace muy difícil que el mercado de reciclaje le compita: “para qué reciclar, si botar es tan barato” es el pensamiento mayoritario.
Pero la barrera más difícil de superar (incluso más que la alta competitividad económica) es la normativa: la regulación le hace la vida imposible a quien quiere hacerse cargo de sus residuos. La legislación actual sólo establece diferencias entre residuos “peligrosos» y “no peligrosos”, no reconoce los materiales potenciales de reciclar (envases y embalajes) o de compostar (residuos orgánicos). Esto dificulta enormemente el desarrollo de proyectos de recuperación, dado que la autoridad sanitaria no tiene claros los criterios a exigir y generalmente se atiene a los mismos requisitos que un proyecto para acopiar basura.
He aquí la “madre del cordero”: Nuestra regulación sanitaria, que es la principal que regula el transporte y acopio de los mal llamados “residuos”, no reconoce a los materiales con potencial de recuperación, por ende, no existe una forma clara de impulsar proyectos de recuperación. Esta situación se vuelve más insólita cuando recordamos que la Ley REP, publicada hace ya más de 6 años, establece que se deberá redactar un reglamento que establezca “la regulación específica de un procedimiento simplificado, los plazos, las condiciones y los requisitos para la autorización sanitaria de las labores de recolección y las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, peligrosos y no peligrosos” (Titulo IV, artículo 35° de la Ley 20.920). ¿Quién queda a cargo de este reglamento? ¿El Minsal, el MMA?
Es imperante empujar la actualización de las normativas sanitarias, de forma que se fomente y facilite el transporte y la instalación de recintos de acopio de reciclables y tratamiento de orgánicos. Actualmente, los proyectos de recuperación están a la merced de funcionarios de la Seremi de Salud, que no tienen ningún incentivo a aprobar proyectos de reciclaje y compostaje. En concreto, para apoyar a las gestiones en el corto plazo, se debiera elaborar un instructivo a nivel nacional que apoye a las seremías regionales para que puedan entender, fomentar y aprobar este tipo de operaciones e instalaciones.
¿Quién estaría en contra de esto? Es urgente disipar trabas legales.
